A PROPÓSITO DE LAS NUEVAS TARIFAS DE LA TELEFONÍA MÓVIL

 

Los seis carriles de la autopista de entrada a una gran ciudad se encuentran colapsados en las horas punta. Soportan una tráfico de alrededor de tres mil coches por hora, cuando la densidad óptima sería de trescientos vehículos por carril.
La solución, según los expertos, pasa por ampliar el número de carriles hasta diez, dos más en cada sentido. El alcalde y su equipo se ponen manos a la obra y, tras un período de lógica molestia, los nuevos carriles son pomposamente inaugurados.

Al poco tiempo, la autopista está colapsada de nuevo. Muchos usuarios, que utilizaban normalmente el transporte público ante los molestos atascos, han recurrido de nuevo al privado “ahora que se circula más rápido”. Nuevos vecinos se ha acercado a la periferia ante la posibilidad de acercarse más fácilmente al centro y, en definitiva, donde circulaban tres mil coches por hora, ahora circulan cinco mil. Las previsiones han fallado porque los usuarios han reaccionado y se han adaptado a la nueva situación con rapidez.

Se trata sólo un ejemplo (nada irreal, por cierto), pero nunca me deja de sorprender la frecuencia con que no se tienen en cuenta dichas reacciones cuando se adoptan presuntas soluciones a problemas existentes. En efecto, las medidas se llevan a cabo, suponiendo que nada va a cambiar después, cuando lo cierto es que casi siempre algo cambia, y no necesariamente lo menos importante.

Viene esto a cuento de que recientemente ha entrado en vigor la Ley de Mejora de la Protección de Usuarios y Consumidores, cuyo efecto más llamativo ha sido el de prohibir la tarificación por bloques de tiempo (normalmente por minutos) de la llamadas a través de móviles, el mal denominado redondeo por la opinión pública. Candorosamente, dicha opinión pública, agentes sociales y organizaciones de consumidores, parecían esperar una mera división entre sesenta segundos de la cantidad cobrada por minuto de palique, ignorando que las empresas también pueden adaptarse con rapidez a nuevas circunstancias. Que es lo que han hecho.

En efecto, han respondido con un cambio de tarifas, fundamentalmente con un incremento del 25% del fijo cobrado como establecimiento de llamada. Aunque este cambio cumpla la normativa (al menos no he oído a nadie quejarse de lo contrario), las instituciones antes mencionadas han puesto el grito en el cielo y se han convocado días sin móviles como protesta por el comportamiento de los operadores. Se les acusa de aprovechar la nueva ley para incrementar los precios y de actuar conjuntamente contra la libre competencia, ya que los cambios en las tarifas han sido similares (calcados, diría yo) y se han llevado a cabo simultáneamente, reflejando un comportamiento colusivo prohibido por la legislación.

En mi opinión, las empresas se han limitado a adaptarse a la nueva situación, como lo hace cualquier individuo o institución ante un cambio importante en las reglas del juego. Pero además, dudo que los operadores se hayan beneficiado con el cambio de tarifas. Digo esto porque la posibilidad de cobrar por segundos y elevar un 25% el fijo no estaba prohibida antes y, sin embargo, las empresas no lo aplicaron (para ser exactos existía una posibilidad parecida en algún operador, pero dado que no tenía mucho éxito, supongo que se trataría de una opción dirigida a un segmento muy limitado del mercado). Si no lo aplicaron, sería porque preferían el viejo sistema; a menos que pensemos nuestros operadores tenían un comportamiento angelical antes de la ley, que se ha trocado en diabólico después.

Por añadidura, el incremento de precios sin ninguna variación en los costes que lo justifique, es percibido como una oportunidad de incrementar los beneficios de las compañías. Aunque está por ver que el gasto de los usuarios haya aumentado (dependerá básicamente del uso que cada uno le dé al móvil con el nuevo sistema), suponer que para aumentar los precios ha de existir una justificación en los costes, es retrotraernos al menos doscientos años en el razonamiento económico. Las empresas no suben los precios porque suban sus costes, las empresas suben los precios porque pueden hacerlo. O si se quiere, no los suben cuando no pueden.

Si una empresa pudiese repercutir sobre lo que vende todos los incrementos de costes, esto sería jauja. Los empleados piden más dinero, subo los precios; aumenta el precio de la energía, subo los precios; aumentan los intereses, subo los precios. Esta lógica, de nuevo, forma parte de la creencia en la pasividad de los individuos, que lleva a los clientes a pagar más y decir amén. ¿Pero y si los clientes se van a otras empresas? ¿Y si dejan de comprar mi producto? ¿Con qué hago yo frente a los aumentos en los costes? Si realmente los costes de utilizar el móvil han subido para el consumidor, los beneficios de las empresas aumentarán siempre que los usuarios sigan llamando lo mismo, es decir, si se comportan con la pasividad mencionada. En cuyo caso, mi recomendación a las empresas es que sigan aumentando los precios. Y a los usuarios que continúen igual, pero que con lo que les quede compren acciones de las compañías. Nos forramos todos, oiga.

Un punto aparte es el del comportamiento colusivo de las empresas. Vaya por delante que doy por sentado que los operadores coluden, o al menos no compiten en precios, pero no porque hayan cambiado sus tarifas de igual forma y al mismo tiempo. La telefonía móvil es un bien lo suficientemente homogéneo como para que a los usuarios les dé lo mismo qué compañía les suministra el servicio. Por eso, si un operador fijase una tarifa más ventajosa, siquiera temporalmente, captaría un buen número de clientes de la competencia, lo que obligaría a las demás a reaccionar de forma inmediata, hasta que de nuevo se igualasen.

Es posible que usted (como yo) no ande todo el día consultando qué tarifa de qué operador es más barata. A lo sumo, les echó una ojeada el día que firmó el contrato o cambió de terminal. No se preocupe, otros le hacen el trabajo. Son los que hoy están firmando un nuevo contrato, o cambiando de terminal, o abriendo una empresa y contratando con un operador. Esos son los primeros que se irían inmediatamente a la más barata. Los demás les seguiríamos más pronto o más tarde. Los economistas saben que un bien homogéneo no se puede vender a precios distintos por diferentes empresas, y sin colusión ni nada.
Como las empresas saben lo anterior, tácitamente no compiten en precios, ya que si una los bajase, tendrían que hacerlo las demás. Si pueden mantenerlos por encima de lo que a usted le parece razonable es básicamente porque el número de operadores está limitado; son pocos y se conocen bien.

Si de verdad se quiere un comportamiento competitivo por parte de las empresas, lo que debe fomentarse es la entrada al sector de nuevos operadores; en un mercado de producto homogéneo ello conduciría a la reducción de precios y a una mejora en la situación de los consumidores Un cambio en la legislación sobre tarifas no tiene por qué estimular la competencia; una mejora en las condiciones en las que se puede entrar en el mercado sí que puede hacerlo. Con todo, independientemente de si provocan un mayor gasto o no, las nuevas tarifas benefician claramente a los consumidores en un sentido importante: permiten una mayor transparencia en el uso del móvil. El coste de cada llamada, con la nueva ley,está más estrechamente ligado a su duración y esto hace al consumidor más responsable del control de su propio gasto.

Es el usuario el que decide en qué momento corta la conversación y paga en función de ese momento. Por supuesto que antes también, pero dado que se pagaba por minutos, cuando se entraba en un nuevo tramo se caía en la tentación de alargarlo aproximadamente otro minuto, dado que ya era “gratis”. El bip que nos avisaba de los sesenta segundos cumplidos, ha pasado a ser otro politono inútil más incorporado al aparato.

Angel García González; Profesor de Microeconomía y ex-decano de la Facultad de CC Económicas de la Universidad de Oviedo.